Dieta para diabetes mellitus - Están prohibidos, pero se consumen. La paradoja de los transgénicos enfrenta la visión de agricultores con la del gobierno. Aunque la legislación vigente –a la espera de una discusión desde 2013– no permite que los siembren en el país por considerarlos dañinos, institutos científicos oficiales han hallado trazas de estos en alimentos que se consiguen en los anaqueles. Por eso, productores del campo consideran que se pierde la oportunidad de aprovechar el desarrollo tecnológico a partir del cultivo de semillas genéticamente modificadas cuando hoy en día se importan de Brasil, Estados Unidos y Argentina rubros obtenidos de esta forma, que no son etiquetados y el consumidor venezolano ni se entera.
En Guárico la prolongada sequía de este año hizo que apenas se lograra sembrar 75.000 hectáreas, la mitad de las disponibles en ese estado llanero. La dificultad para regar los cultivos generó la pérdida de miles de cosechas de maíz y otros rubros agrícolas en varias regiones del país.
Perder la siembra significa una crisis económica y social para muchos productores y campesinos que dependen de la actividad. Habrá que refinanciar o reestructurar los créditos, volver a solicitar insumos y conseguir semillas. Es una carrera contrarreloj que no tiene al clima como mejor aliado.
Semillas de maíz resistentes a la sequía, a las malezas y a las plagas forman parte del portafolio biotecnológico disponible para el uso del área agrícola, la diabetes se cura gracias al desarrollo de la ingeniería genética en buena parte del mundo. Sin embargo, en Venezuela el asunto de los transgénicos aún está vetado y es controversial. Los productores apoyan que se comience a debatir su uso, mientras que el gobierno se niega a permitir estos cultivos por considerarlos potencialmente perjudiciales para la salud y una amenaza a la cultura del pequeño agricultor que lo hará dependiente de grandes corporaciones.
El desarrollo biotecnológico ha mejorado la resistencia de semillas tras el estudio de su ADN y la transferencia de este entre organismos. Maíz, soya, remolacha, algodón y lechosa son los cultivos más comunes a los que se les aplica este avance en el mundo. Movimientos sociales señalan que consumirlos puede producir cáncer y consecuencias de diabetes, además de los riesgos que representa para el medio ambiente y la biodiversidad; sus defensores alegan que no hay pruebas que demuestren que sean dañinos para la salud.
La realidad es que su cultivo crece en América, Asia y África, y en algunos países en los que está penalizado se busca permitirlos. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró hace poco que la prohibición del uso de esta tecnología en su país es un error que hay que enmendar. Solo entre Argentina y Brasil suman 65 millones de hectáreas de esos cultivos. En la Unión Europea hay severas restricciones, aunque cada país tiene la potestad de decidir unilateralmente su uso. Recientemente Italia y Francia, donde el consumo de productos orgánicos y con denominación de origen es cada vez más valorado, han prohibido la utilización del maíz modificado que se permite en la eurozona. En España y Portugal, en cambio, sí está permitido.
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A pesar de las consideraciones gubernamentales, la venezolana es una economía de puerto y sus vecinos de Mercosur tienen una potente industria biotecnológica de exportación. Por ejemplo, de acuerdo con la Asociación Venezolana de Cultivadores de Palma Aceitera, 80% de las oleaginosas que se consumen en el país son importadas; entre ellas están los aceites crudos de soya, girasol y maíz, en su mayoría elaborados a partir de modificaciones genéticas. Entonces no es de extrañar que estudios del propio Ministerio de Ciencia y Tecnología hayan detectado desde hace varios años la presencia de transgénicos en alimentos consumidos usualmente sin que lo informe la etiqueta.
Una resolución emitida en 1997 por el gobierno de Rafael Caldera prohíbe la manipulación, comercialización y uso de transgénicos hasta que el país tenga un marco regulatorio sobre la materia.
Una década después, en 2007, se creó la Comisión Nacional de Bioseguridad para asesorar sobre el uso, manipulación, permisos y otros asuntos relacionados con los transgénicos. La integraban representantes de los ministerios del Ambiente, Agricultura y Tierras, Industria, Comercio, Ciencia y Tecnología y Salud, además de académicos, universidades, agroquímicos, farmacéuticos, pequeños y medianos agricultores y asociaciones de consumidores. Pero esta comisión está congelada y nunca más se ha vuelto a convocar. Solo se reunió tres veces ese año, cuando se trató la normativa de funcionamiento.
En 2013 fue presentado en la Asamblea Nacional un proyecto de ley de semillas que proponía mantener la prohibición del uso de transgénicos. El texto no fue aprobado y el Ejecutivo ordenó revisarlo. El diputado del PSUV por Guárico José Ureña, coordinador de la Subcomisión de Desarrollo Agroalimentario, quien presentó el documento, ha insistido en que debe ser debatido este año en el Parlamento. El artículo 5 establece: “Queda prohibida la producción, importación, comercialización, distribución y uso de semillas transgénicas”.